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Por Mónica Stempler
El 7 de octubre de 2023 abrió una herida que no termina en los lugares donde Hamás y otros grupos armados asesinaron y secuestraron a civiles. Para muchos judíos, dentro y fuera de Israel, produjo también una ruptura en la confianza: la certeza de que la barbarie despertaría una condena inequívoca se enfrentó a la constatación de que incluso el sufrimiento de mujeres y niños podía someterse a una prueba de legitimidad política.
No fue una indiferencia universal. Hubo condenas, solidaridad y esfuerzos por defender a las víctimas. Tampoco todas las personas atacadas eran judías: hubo víctimas árabes y trabajadores extranjeros. Pero la dimensión antijudía del ataque y de su celebración posterior no puede diluirse. Lo que exige explicación es que, en determinados espacios, la identidad atribuida a las víctimas pesara más que su condición humana. ¿Cómo puede un asesinato perder gravedad moral cuando quien lo padece pertenece al pueblo señalado como enemigo?
La socióloga francoisraelí Eva Illouz ofrece una entrada especialmente pertinente en Le 8-Octobre. Généalogie d’une haine vertueuse, publicado por Gallimard en 2024. Su objeto no es únicamente la atrocidad, sino también su recepción: las voces que, desde ciertos círculos progresistas, la interpretaron como un acto de resistencia que castigaba al opresor. Su argumento señala un peligro: cuando una ideología determina de antemano quién encarna el bien y quién el mal, los hechos dejan de corregir el juicio. Es el juicio el que selecciona qué hechos admite. [1]
El esquema opresor-oprimido puede ayudar a comprender las relaciones de poder. Se vuelve moralmente destructivo cuando se transforma en una clasificación absoluta de los seres humanos. Un Estado puede tener superioridad militar y sus habitantes ser víctimas de un crimen. Un pueblo puede vivir bajo ocupación y una organización que dice representarlo puede cometer atrocidades. La vulnerabilidad y la responsabilidad no se distribuyen en bloques indivisibles.
En este artículo, la inversión de la empatía designa ese paso de la explicación política a la deshumanización: la mujer asesinada deja de aparecer como una mujer; el niño secuestrado, como un niño. Se convierten en representantes de una estructura que se considera legítimo combatir. La condición civil desaparece bajo una etiqueta. El razonamiento termina atribuyendo a personas concretas una culpa que nunca tuvieron que demostrar.
Aquí resulta útil Albert Bandura. En su estudio de 1999 sobre la desconexión moral, el psicólogo explicó mecanismos que permiten presentar una conducta inhumana como aceptable: justificarla mediante una causa superior, suavizarla con eufemismos, minimizar sus consecuencias, deshumanizar a las víctimas o responsabilizarlas por lo que padecen. Bandura no escribió sobre el 7 de octubre; aplicar su marco a su recepción es una interpretación, no una conclusión suya sobre este conflicto. [2]
Desde esa perspectiva, llamar “resistencia” al asesinato deliberado de civiles puede funcionar como una absolución verbal. Invocar el contexto para comprender cómo surgió una organización armada es necesario; emplearlo para borrar su responsabilidad es otra operación. Ningún agravio histórico convierte a un niño en objetivo militar. Ninguna causa política vuelve legítima la toma de rehenes.
Aceptar una atrocidad cometida por el bando con el que alguien se identifica obliga a revisar sus convicciones. Negarla permite conservar una visión cómoda: los propios siguen siendo inocentes y el adversario continúa monopolizando la culpa. No toda duda sobre una noticia es negacionismo. Verificar es indispensable, especialmente en una guerra. El problema aparece cuando la exigencia de prueba es selectiva o cuando ninguna prueba puede modificar la conclusión.
En junio de 2024, una comisión de investigación de Naciones Unidas atribuyó a Hamás y otros grupos armados crímenes de guerra que incluían ataques deliberados contra civiles, asesinato, tortura y toma de rehenes. Documentó también el asesinato y maltrato de niños. La misma comisión formuló graves conclusiones sobre las operaciones israelíes en Gaza. Sus hallazgos demuestran que investigar los crímenes de un lado no exige negar los del otro. [3]
Sobre la violencia sexual, la misión encabezada por Pramila Patten informó en marzo de 2024 que existían motivos razonables para creer que había ocurrido durante los ataques, así como datos claros y convincentes sobre violencia sexual contra algunos rehenes. Esas formulaciones tienen alcances probatorios específicos: no equivalen a una sentencia ni confirman cada relato difundido. Reconocer las limitaciones de una investigación fortalece su credibilidad; utilizarlas para negar en bloque los crímenes documentados la destruye. [4]
La negación también puede ser moral: admitir que ocurrió, pero tratarlo como merecido, secundario o políticamente inconveniente. Para quienes sobrevivieron y para las familias, esa respuesta puede añadir una herida a la pérdida. Además de narrar lo sufrido, deben defender su derecho a que ese sufrimiento sea reconocido.
Pero aquí cabe señalar que, como sabemos, el antisemitismo no nació con esta guerra. Su capacidad de persistir está relacionada con la facilidad con la que adapta sus acusaciones a épocas distintas. El judío ha sido presentado como un extranjero imposible de integrar y, simultáneamente, como un poder oculto que domina la sociedad. Las contradicciones no disuelven el prejuicio porque su función no es describir a los judíos, sino convertirlos en explicación de los males del mundo. La historia de los Protocolos de los Sabios de Sion, una falsificación conspirativa, ilustra perfectamente ese mecanismo. [5]
La traslación contemporánea aparece cuando las decisiones de Israel se convierten en culpa de cualquier judío. Una sinagoga, una escuela o un estudiante fuera de Israel pasan a ser tratados como sustitutos del Estado israelí. Esa atribución colectiva permite que un conflicto internacional se convierta en persecución local.
Un dato ayuda a distinguir las causas. El Community Security Trust registró 4.103 incidentes antisemitas en Reino Unido en 2023, un aumento del 147 % frente a 2022; 2.699 ocurrieron desde el 7 de octubre hasta el final del año. El organismo documentó incidentes desde el día del ataque y destacó la rapidez del aumento, anterior a una respuesta militar israelí extensa. Son registros de una organización comunitaria, no una encuesta de toda la sociedad ni una medida mundial. Pero muestran que, al menos allí, el odio no puede explicarse exclusivamente como indignación por la devastación posterior de Gaza. [6]
La destrucción y el sufrimiento civil en Gaza contribuyeron a modificar la percepción internacional de Israel. Reducir toda esa indignación a propaganda terrorista sería un error: existen razones humanitarias y cuestionamientos jurídicos que merecen examen. El derecho de Israel a proteger a su población no elimina las obligaciones de sus autoridades bajo el derecho internacional humanitario.
Pero tampoco los daños causados por la respuesta israelí cambian retrospectivamente la condición de quienes fueron asesinados o secuestrados el 7 de octubre. Los crímenes posteriores no justifican los anteriores. La compasión no es un recurso que deba retirarse a una población para entregárselo a otra.
Criticar al Gobierno israelí, reclamar protección para los palestinos o defender su autodeterminación no constituye por sí mismo antisemitismo. La frontera se cruza cuando se culpa a los judíos como colectivo, se reproducen conspiraciones antijudías, se amenaza a personas por su identidad o se celebra su asesinato. Defender esa distinción protege tanto a los judíos como la legitimidad de la protesta política.
El terrorismo busca efectos que exceden a sus víctimas inmediatas: miedo, humillación, desconfianza y polarización. En el caso del 7 de octubre, puede plantearse una hipótesis de alcance mediático: si una atrocidad es reinterpretada como gesto emancipador y sus víctimas quedan moralmente descalificadas, los perpetradores obtienen una legitimación simbólica adicional. El crimen deja de ser obstáculo para la adhesión política.
Eso no prueba que Hamás controle la opinión pública ni que toda solidaridad con Palestina le favorezca. Permite identificar un beneficio específico: la circulación de discursos que normalizan la violencia contra civiles y trasladan la hostilidad a judíos de otros países. La victoria mediática ocurre donde el rechazo del terrorismo se vuelve negociable según la identidad de sus víctimas.
Las consecuencias políticas alcanzan también a las democracias. Cuando el debate se organiza como una exigencia de lealtad absoluta, se debilitan los espacios donde sería posible condenar a Hamás, exigir responsabilidades y defender simultáneamente los derechos de ambos pueblos. La polarización favorece a quienes necesitan enemigos permanentes y perjudica a quienes buscan acuerdos. En su reflexión de 2025 sobre el 7 de octubre, Illouz destacó precisamente la fractura de los mapas morales y políticos, también dentro de la izquierda. [7]
Para nosotros, los judíos de la diáspora, la amenaza puede alterar preguntas elementales: ¿es seguro mostrar una identidad judía?, ¿hablar de una pérdida?, ¿confiar en quienes antes eran compañeros? En octubre de 2024, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea señaló que las organizaciones judías consultadas tras el ataque describían miedo e inseguridad que afectaban la posibilidad de vivir abiertamente como judíos. [8]
La cautela estadística no impide reconocer la profundidad de la ruptura. El ataque puede activar memorias familiares de persecución; la hostilidad cercana convierte esa memoria en preocupación presente. Esto no supone diagnosticar un trauma idéntico en todos los judíos. Significa reconocer que la pertenencia misma puede sentirse expuesta cuando una persona debe responder por decisiones de un Gobierno extranjero para recibir empatía.
Illouz ha descrito esa conmoción desde una posición que combina la defensa de los derechos humanos, el análisis de la política israelí y la denuncia del antisemitismo. [9]
El desafío que deja el 7 de octubre rebasa a Israel. Interroga la consistencia de una cultura que dice defender la dignidad humana. Una mujer no pierde el derecho a ser creída por ser judía. Un niño no hereda la culpabilidad de un Estado. Un civil no deja de ser civil porque su muerte incomoda a una causa.
El odio avanza cuando consigue que esas afirmaciones parezcan discutibles. Resistirlo exige recuperar nombres, historias y responsabilidades concretas allí donde las etiquetas pretenden ocuparlo todo. La memoria del 7 de octubre necesita justicia y reconocimiento, y también una convicción capaz de sobrevivir a la disputa política: ninguna identidad convierte a un ser humano en una víctima aceptable.
Fuentes