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En medio de la creciente guerra mediática y jurídica en torno al conflicto entre Israel y Hamás, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Combate al Antisemitismo de Israel publicó el 13 de mayo de 2026 un informe que busca exponer los presuntos vínculos entre la organización Euro-Med Human Rights Monitor y estructuras relacionadas con Hamás. El documento sostiene que esta ONG, registrada en Suiza y con sede en Ginebra, opera mucho más allá de un organismo convencional de documentación de derechos humanos, convirtiéndose —según el gobierno israelí— en una plataforma internacional de presión legal, mediática y política contra el Estado de Israel.
La polémica tomó especial relevancia después de que el periodista ganador del Premio Pulitzer, Nicholas Kristof, citara información de Euro-Med Human Rights Monitor en un artículo de opinión donde acusó a las fuerzas israelíes de cometer abusos sexuales y violaciones contra palestinos. El informe israelí cuestiona directamente la credibilidad de esa información, argumentando que una de las principales fuentes utilizadas por Kristof proviene de una organización encabezada por figuras vinculadas ideológicamente con Hamás.
¿Qué es Euro-Med Human Rights Monitor?
Euro-Med Human Rights Monitor se presenta públicamente como una organización regional dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en Medio Oriente, el norte de África y Europa. Sin embargo, según el reporte israelí, la inmensa mayoría de sus actividades están enfocadas en el conflicto palestino-israelí y en campañas internacionales dirigidas contra Israel.
La organización trabaja mediante:
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la acusación de que Euro-Med contribuyó a proporcionar infraestructura documental al equipo legal de South Africa en la demanda presentada contra Israel ante la International Court of Justice por presunto genocidio en Gaza.
El fundador y presidente de Euro-Med es Ramy Abdu. El informe señala que en noviembre de 2020 el Ministerio de Defensa israelí emitió contra él una orden de detención administrativa bajo la Ley Antiterrorista, debido a su presunta participación en “IPalestine”, organización que Israel considera afiliada a Hamás.
Aunque la orden expiró en 2022, el documento israelí también rescata publicaciones recientes de Abdu en redes sociales. En enero de 2026 escribió:
“Israel continuará matando y desplazando palestinos bajo cualquier circunstancia… nuestro pueblo y su resistencia nunca deben deponer las armas.”
Y en mayo de 2025 publicó:
“Si el 7 de octubre es percibido como justificación para genocidio y desplazamiento… entonces lo que Israel ha hecho durante décadas justificaría un millón de 7 de octubre.”
Para Israel, estas declaraciones representan una legitimación implícita del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Para sectores pro-palestinos, en cambio, forman parte de un discurso de resistencia política frente a la ocupación.
Otra figura central mencionada en el informe es Richard Falk, profesor emérito de Derecho Internacional en Princeton University y presidente del consejo directivo de Euro-Med.
Falk ha sido durante años una figura altamente controversial en debates sobre Israel y Palestina. Como ex relator especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, ha defendido el derecho de los pueblos bajo ocupación a resistir conforme al derecho internacional, aunque también ha sostenido que ninguna resistencia justifica ataques deliberados contra civiles.
Israel considera que la presencia de Falk fortalece la dimensión ideológica y política de la organización.
La dimensión mediática y digital
El informe israelí sostiene que Euro-Med no actúa únicamente como una ONG de derechos humanos, sino como una estructura integral de influencia internacional.
Según el documento, la organización:
El reporte incluso afirma que la organización busca influir en espacios de conocimiento abierto mediante la edición y expansión de artículos relacionados con términos como “Nakba” o “Gaza genocide”, intentando moldear la percepción global del conflicto.
El documento israelí se inserta dentro de una batalla mucho más amplia: la lucha por el relato internacional de la guerra en Gaza.
Desde octubre de 2023, Israel enfrenta simultáneamente:
El Ministerio de la Diáspora israelí sostiene que ciertas ONG ya no funcionan únicamente como observadores neutrales, sino como actores políticos activos dentro de una estrategia de “lawfare”: el uso del derecho internacional y de organismos multilaterales como instrumentos de presión geopolítica.
Por su parte, organizaciones pro-palestinas argumentan que estas acusaciones buscan desacreditar toda documentación crítica sobre la actuación israelí en Gaza.
El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Combate al Antisemitismo, Amichai Chikli, criticó duramente a The New York Times por citar a Euro-Med:
“Es lamentable escuchar que The New York Times, símbolo del periodismo de calidad durante años, caiga repetidamente en las mentiras masivas palestinas.”
Mientras tanto, el director general del ministerio, Avi Cohen-Scali, aseguró que ciertos medios internacionales están “dando plataforma a la ideología de una organización terrorista”.
Más allá de las acusaciones específicas, el caso refleja cómo el conflicto israelí-palestino ha evolucionado hacia una confrontación global en múltiples dimensiones:
En esta nueva realidad, las ONG, universidades, plataformas digitales y organismos internacionales se han convertido en actores centrales de una guerra por la legitimidad moral y política ante la opinión pública mundial.
Y justamente ahí reside el núcleo del debate: determinar dónde termina el activismo legítimo en derechos humanos y dónde comienza una operación política o ideológica alineada con intereses extremistas.
