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Las protestas registradas en distintos puntos de Irán no pueden entenderse únicamente como una reacción espontánea a la caída del rial, sino como la manifestación visible de un deterioro económico estructural combinado con una crisis de legitimidad política cada vez más profunda. La moneda iraní alcanzó a inicios de diciembre su nivel más bajo histórico —cerca de 1.250.000 riales por dólar en el mercado abierto—, detonando cierres masivos de comercios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Teherán.
El régimen respondió de manera previsible: externalizando responsabilidades. Altos funcionarios y voceros del Estado atribuyeron la depreciación de la moneda y las protestas a una supuesta “guerra psicológica enemiga”, una narrativa recurrente que busca desplazar el foco del debate público desde la mala gestión económica hacia amenazas externas difusas.
El control del relato como estrategia de poder
El general de brigada Ali Akbar Pourjamshidian, funcionario del Ministerio del Interior y miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), sostuvo que las fluctuaciones cambiarias obedecen a un “ambiente psicológico” manipulado por enemigos del régimen. En la misma línea, el CGRI caracterizó las protestas como parte de una “guerra cognitiva” y de operaciones psicológicas orientadas a debilitar la estabilidad interna.
Este encuadre no es nuevo: al despolitizar el descontento social y reducirlo a una conspiración externa, el régimen evita discutir problemas estructurales como la inflación crónica, la corrupción sistémica, la ineficiencia productiva y el impacto prolongado de las sanciones internacionales. La agencia semioficial Tasnim reforzó esta estrategia al sugerir que las protestas fueron alentadas por narrativas vinculadas al llamado “régimen sionista”, reforzando un discurso de confrontación ideológica.
Un banco central sin credibilidad
La decisión de nombrar nuevamente a Abdolnaser Hemmati como director del banco central, pese a su historial previo y a su destitución política, ha sido interpretada por amplios sectores como una señal de agotamiento del aparato tecnocrático del régimen. Durante su anterior gestión, el rial perdió cerca de la mitad de su valor frente al dólar, lo que ha minado la confianza pública en su capacidad para estabilizar la economía.
El voto parlamentario que precedió su salida —182 a favor frente a 89 en contra— y su posterior reincorporación reflejan una desconexión entre las decisiones del poder político y la percepción ciudadana, alimentando la sensación de que los cambios institucionales responden más a equilibrios internos del régimen que a soluciones reales.
Inflación, combustible y riesgo de recesión
El contexto macroeconómico refuerza el malestar social. El aumento reciente del precio del combustible subsidiado reactivó memorias de las protestas de 2019, duramente reprimidas, y subrayó los límites del modelo de subsidios estatales. La inflación continúa en niveles críticos: en octubre, el Centro de Estadística de Irán reportó una tasa mensual del 48,6 %, la más alta en más de tres años.
A ello se suma una perspectiva económica sombría. El Banco Mundial prevé una contracción del 2,8 % en 2026, confirmando que la economía iraní se encamina hacia una recesión prolongada, con escaso margen de maniobra fiscal o monetaria.
Del reclamo económico al desafío político
Aunque el detonante inmediato fue económico, las consignas escuchadas en las calles evidencian una mutación del descontento. Grabaciones difundidas en redes sociales muestran expresiones de apoyo al príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, lo que indica que parte de la protesta ya no se limita a demandas materiales, sino que cuestiona directamente la legitimidad del sistema político instaurado tras la Revolución Islámica.
El respaldo explícito de Pahlavi a los manifestantes refuerza esta lectura: el colapso económico se convierte así en un vehículo de contestación política, donde la inflación, la moneda y el combustible funcionan como catalizadores de una crisis más profunda.
Una crisis que trasciende la moneda
En conjunto, las protestas reflejan algo más que un problema cambiario. Revelan la fragilidad de un régimen que, frente a un colapso económico persistente, recurre al control del discurso y a la criminalización simbólica del descontento, mientras pierde capacidad para ofrecer soluciones creíbles. La pregunta ya no es si el rial puede estabilizarse a corto plazo, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un sistema político cuya narrativa ya no logra contener la frustración social.
Reuters contribuyó a este informe.