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En una decisión que combina consideraciones éticas, económicas y estratégicas, el Gobierno de Israel aprobó una iniciativa presentada por el primer ministro Benjamín Netanyahu para prohibir la importación de bienes producidos, total o parcialmente, mediante trabajo forzado.
La resolución instruye al Ministerio de Economía e Industria a elaborar la regulación correspondiente, conforme a los estándares reconocidos por el derecho internacional, mientras que un equipo interministerial encabezado por el Consejo Económico Nacional de la Oficina del Primer Ministro contará con un plazo de 90 días para diseñar el mecanismo de aplicación y supervisión que posteriormente será sometido a la aprobación del Gobierno.
Con esta medida, Israel se suma a un creciente grupo de países que buscan impedir que productos obtenidos mediante la explotación laboral ingresen a sus mercados, reforzando así su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el combate a la trata de personas y al trabajo forzoso.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzado como cualquier labor o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción y para el cual ésta no se ha ofrecido voluntariamente. Esta práctica afecta actualmente a cerca de 28 millones de personas en el mundo, según estimaciones de la OIT, y se presenta en sectores como la agricultura, la minería, la pesca, la industria textil y la manufactura. En muchos casos, las víctimas son migrantes, mujeres y menores de edad.
En los últimos años, la comunidad internacional ha intensificado los esfuerzos para eliminar estos productos de las cadenas globales de suministro.
La decisión acerca a Israel a políticas ya adoptadas por diversas economías desarrolladas. Estados Unidos prohíbe desde hace años la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzado y, en 2021, aprobó una legislación específica para impedir el ingreso de productos vinculados con presuntas prácticas de trabajo forzado en la región china de Xinjiang.
Por su parte, la Unión Europea aprobó recientemente un reglamento que permitirá retirar del mercado europeo productos fabricados mediante trabajo forzado, independientemente del país donde hayan sido producidos.
Con esta nueva política, Israel fortalece su imagen como socio comercial comprometido con normas internacionales de responsabilidad empresarial, transparencia y competencia leal.
Además de su dimensión moral, el Gobierno israelí considera que la medida tendrá efectos positivos sobre la economía nacional.
Entre los beneficios esperados destacan el fortalecimiento de la posición de los exportadores israelíes en los mercados internacionales, mejores condiciones comerciales con sus principales socios económicos y la reducción de barreras que pueden afectar la competitividad de las empresas israelíes.
Cada vez más consumidores, inversionistas y gobiernos exigen que los productos comercializados provengan de cadenas de suministro libres de explotación laboral, por lo que el cumplimiento de estos estándares se ha convertido en un factor relevante para acceder a numerosos mercados internacionales.
Como parte de la implementación de la medida, el Gobierno desarrollará un sistema integral de supervisión que incluirá la designación de una autoridad competente para evaluar los casos, criterios técnicos para identificar productos elaborados con trabajo forzado, mecanismos de denuncia y procedimientos de revisión y apelación, con el objetivo de garantizar certeza jurídica para los importadores y asegurar una aplicación transparente de la nueva normativa.
La decisión refleja una tendencia cada vez más marcada en el comercio mundial: la rentabilidad ya no es el único criterio para acceder a los mercados internacionales. Aspectos como el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la responsabilidad social se han convertido en elementos centrales de las políticas comerciales.
Con esta resolución, Israel busca enviar un mensaje claro de que el crecimiento económico debe ir acompañado del respeto a la dignidad humana y de cadenas de suministro sustentadas en principios de responsabilidad, transparencia y competencia justa.
