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Jerusalén, 22 de julio. El gobierno de Israel puso en marcha una nueva estrategia para impedir que organizaciones del crimen organizado se infiltren en las empresas estatales y en los procesos de contratación pública, un fenómeno que las autoridades consideran una amenaza directa para la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.
Por instrucción del primer ministro Benjamin Netanyahu, altos funcionarios del gobierno, organismos de seguridad, autoridades regulatorias y directivos de las principales empresas estatales del país celebraron una conferencia de trabajo en las instalaciones de la Compañía Eléctrica de Israel, en Rishon LeZion, con el objetivo de coordinar una respuesta integral frente a este desafío.
La reunión fue organizada de manera conjunta por la Oficina del Primer Ministro —a través de la Dirección para el Combate al Crimen en el Sector Árabe— y la Autoridad de Empresas Gubernamentales, como parte de una política orientada a reforzar los mecanismos de supervisión y cerrar el paso a grupos delictivos que buscan obtener recursos públicos mediante licitaciones o esquemas de extorsión.
Durante el encuentro se presentaron datos que confirman intentos de organizaciones criminales por penetrar procesos de contratación de empresas estatales, especialmente aquellas responsables de obras de infraestructura y grandes proyectos nacionales. Ante este panorama, las autoridades acordaron fortalecer la cooperación entre ministerios, organismos reguladores, cuerpos de seguridad y empresas públicas para detectar oportunamente operaciones irregulares y compartir información de inteligencia.
Entre las medidas analizadas destaca la posibilidad de impulsar modificaciones a la Ley de Contrataciones de Entidades Públicas, con el propósito de dotar al gobierno de mayores herramientas legales para impedir que empresas vinculadas con organizaciones criminales puedan participar en licitaciones oficiales. Asimismo, se decidió mantener un foro permanente de coordinación interinstitucional que dé seguimiento al problema y diseñe respuestas conjuntas.
El director de la Oficina para el Combate al Crimen en el Sector Árabe de la Oficina del Primer Ministro, Roee Kahlon, advirtió que el crimen organizado representa “una amenaza estratégica para la economía y la soberanía del Estado”. Explicó que la estrategia gubernamental busca desmantelar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones mediante una coordinación estrecha entre las instancias de aplicación de la ley, las autoridades económicas y los organismos civiles.
Por su parte, el director de la Autoridad de Empresas Gubernamentales, también de nombre Roee Kahlon, destacó la magnitud de los recursos bajo responsabilidad del Estado. Señaló que las empresas públicas administran activos superiores a los 300 mil millones de shekels, realizan inversiones por decenas de miles de millones cada año y ejecutan buena parte de la infraestructura estratégica de Israel. “Precisamente por esa responsabilidad, debemos garantizar que los recursos públicos se administren en un entorno libre de influencia criminal, preservando la competencia justa y la confianza de la ciudadanía”, afirmó.
Las mesas de trabajo reunieron a representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía de Israel, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía del Estado, la Autoridad Tributaria, la Autoridad de Competencia, la Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Construcción y Vivienda, además de funcionarios del Ministerio de Finanzas, el Consejo de Seguridad Nacional y otros organismos gubernamentales.
Las discusiones se centraron en el combate a las redes de extorsión conocidas como protection rackets, la prevención de la infiltración de grupos criminales en las licitaciones públicas y la protección de servidores públicos que enfrentan amenazas por parte de organizaciones delictivas.
La iniciativa refleja la decisión del gobierno israelí de abordar el crimen organizado no sólo como un problema de seguridad pública, sino también como un desafío económico e institucional que puede comprometer el funcionamiento del Estado, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el desarrollo de la infraestructura nacional.
