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El gobierno de Israel inició el desalojo de un complejo perteneciente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), ubicado en Kafr Aqab, un vecindario situado dentro de los límites municipales de Jerusalén, aunque separado del resto de la ciudad por la barrera de seguridad.
El primer ministro Benjamín Netanyahu informó que la medida fue ejecutada por instrucciones suyas y en cumplimiento de la legislación aprobada por la Knéset para impedir las actividades de UNRWA en territorio bajo soberanía israelí.
“De acuerdo con mis instrucciones y conforme a la ley que aprobamos, comenzó el desalojo del complejo de UNRWA en Kafr Aqab, Jerusalén”, declaró.
Netanyahu sostuvo que Israel no permitirá la operación en su territorio de una organización cuyos empleados, afirmó, estuvieron vinculados con actividades terroristas y con la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.
“El Estado de Israel actuará contra ella mediante todos los recursos que tiene a su disposición”, agregó.
La decisión se enmarca en una serie de medidas adoptadas por Israel contra UNRWA. En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó leyes destinadas a prohibir las actividades de la agencia dentro del país y a limitar el contacto de las instituciones gubernamentales con ese organismo. Posteriormente, la legislación fue ampliada para permitir a las autoridades tomar posesión de instalaciones de UNRWA en Jerusalén.
UNRWA fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949 para proporcionar educación, atención médica, asistencia social y ayuda humanitaria a los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, Jordania, Líbano y Siria.
La confrontación entre Israel y la agencia se intensificó después del ataque del 7 de octubre. Una investigación interna de Naciones Unidas concluyó en 2024 que existían elementos suficientes para considerar que nueve empleados de UNRWA podrían haber participado en los ataques; la organización anunció la terminación de sus contratos. Israel sostiene que el problema es más amplio y acusa a Hamás de haberse infiltrado en las estructuras de la agencia, mientras que UNRWA rechaza que pueda atribuirse responsabilidad institucional por las acciones de empleados individuales.
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Naciones Unidas cuestionó las restricciones impuestas por Israel y sostiene que sus instalaciones gozan de protección e inmunidad conforme al derecho internacional. El gobierno israelí, por su parte, argumenta que UNRWA perdió legitimidad debido a la presunta participación de algunos de sus trabajadores en actividades terroristas y ha planteado que sus funciones sean transferidas a otras organizaciones humanitarias.
El complejo de Kafr Aqab albergaba instalaciones de capacitación y servicios para la población palestina de la zona. Autoridades israelíes han señalado que el terreno podría destinarse a un proyecto educativo y comunitario para los residentes locales.
La evacuación representa un nuevo capítulo en la creciente disputa entre Israel y Naciones Unidas sobre el papel de UNRWA y el futuro de la asistencia destinada a los refugiados palestinos.
