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MTRO. ILAN EICHNER W.
Hoy, 27 de octubre, Israel elige a su nuevo Parlamento. Millones de judíos fuera de Israel seguimos el conteo con la atención de quien se juega algo propio, aunque ninguno de nosotros tenga una boleta en la mano. Israel sólo permite votar a sus ciudadanos, y únicamente dentro del país, con la sola excepción de diplomáticos y enviados oficiales. Aun así, lo que se decida allá llegará, tarde o temprano, a la sinagoga, al centro comunitario, a la escuela de los hijos y a la mirada del vecino.
Ahí está la paradoja que quiero pensar. Los judíos de Israel y de la Diáspora compartimos identidad, responsabilidad mutua y destino común. Sólo una parte de ese Pueblo, la que tiene ciudadanía israelí, elige a quienes toman las decisiones que afectan a todos.
Empecemos por lo que nos une. Un judío en la Ciudad de México y otro en Haifa se reconocen parte del mismo Pueblo, aunque tengan pasaportes distintos y hablen otro idioma en casa. Esa pertenencia trae consigo una responsabilidad mutua: lo que le pasa a una parte del Pueblo involucra moralmente a la otra, con independencia de que sus derechos políticos sean distintos. Trae también una vulnerabilidad compartida. Lo que ocurre en Israel puede tocar de forma directa la seguridad de una comunidad a miles de kilómetros y la manera en que sus integrantes viven su identidad en público.
Ahora bien, toda pertenencia colectiva tiene matices, y la nuestra los tiene en materia de derechos. El voto corresponde a quienes viven en Israel, pagan sus impuestos, mandan a sus hijos al ejército y corren al refugio cuando suenan las sirenas. Esa asimetría es razonable, y la pregunta que abre es de pertenencia: ¿cuál es el lugar de quienes compartimos el destino desde fuera? La Diáspora puede acompañar, disentir e influir, y ninguna de esas tres cosas equivale a reclamar una boleta.
Con todo, las decisiones de los gobiernos que Israel elige y los acontecimientos que vive repercuten directamente en la vida de los judíos de todo el mundo. El 7 de octubre de 2023 lo demostró con crudeza. La masacre perpetrada por Hamás y la guerra posterior desataron una ola de antisemitismo que golpeó y sigue azotando a comunidades de todo el mundo. En el Reino Unido, el Community Security Trust registró el día con más incidentes antisemitas de su historia apenas cuatro días después del ataque. La Universidad de Tel Aviv reportó que en 2025 fueron asesinados veinte judíos en ataques antisemitas, la cifra más alta en más de treinta años.
La paradoja llega incluso a las instituciones. Israel tiene un Ministerio de Asuntos de la Diáspora, dedicado a quienes vivimos fuera, y nadie en la Diáspora vota por los funcionarios que lo encabezan. Por eso, resulta legítimo preguntarnos qué lugar nos corresponde en las discusiones sobre el futuro de Israel, siempre con pleno respeto a su soberanía democrática.
Queda por resolver cómo se ejerce esa responsabilidad, y hay dos respuestas serias. La primera sostiene que la Diáspora debe respaldar a Israel hacia afuera, gobierne quien gobierne; esto es, el país enfrenta a enemigos que buscan destruirlo y las diferencias se discuten en casa. La segunda afirma que también es legítimo disentir en público de decisiones concretas del gobierno israelí, incluso frente a audiencias no judías, porque esa crítica es otra forma de cuidar a Israel y de mostrar que un gobierno y un Pueblo son realidades distintas.
Ambas posturas buscan lo mismo: un Israel fuerte y un Pueblo unido. Persiste, sin embargo, una pregunta incómoda sobre el efecto de hablar hacia afuera cuando el antisemitismo ya existe y crece. La lucha contra ese odio es responsabilidad compartida, porque Israel y la Diáspora lo enfrentan juntos o pierden juntos. Esa interdependencia obliga a pensar los límites de la crítica pública. Un cuestionamiento legítimo a un gobierno puede ser tomado por quienes odian a los judíos y convertido en arma. El antisemita borra a propósito la distinción entre un judío de la Ciudad de México y el gabinete en Jerusalén, y le pasa al primero la factura de las decisiones del segundo.
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De todo lo anterior saco tres conclusiones. La primera es que la soberanía democrática y la responsabilidad colectiva son compatibles. Los ciudadanos israelíes tienen el derecho y la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Quienes vivimos en la Diáspora, aunque no votemos, tenemos una responsabilidad legítima con el futuro común del Pueblo judío, y reconocerla deja intacta la soberanía de Israel y los derechos que pertenecen sólo a sus ciudadanos.
La segunda es que la solidaridad con Israel convive con el pensamiento crítico. El compromiso verdadero pide solidaridad, criterio propio y capacidad de discernimiento, cualidades que el respaldo automático a cualquier decisión de gobierno termina por apagar. Disentir en público puede ser legítimo y, en ciertos momentos, una forma de responsabilidad hacia Israel. Esa libertad exige prudencia, conciencia de sus consecuencias y sensibilidad ante el antisemitismo que enfrentan las comunidades judías.
La tercera es que el destino compartido exige reconocimiento en ambas direcciones. Israel debe reconocer que las decisiones de sus gobiernos repercuten en la vida de millones de judíos fuera de sus fronteras. La Diáspora debe reconocer la responsabilidad particular de quienes viven en Israel, enfrentan de primera mano las consecuencias de esas decisiones y, con pleno derecho, votan. Esa relación se construye con diálogo y reconocimiento mutuo, y con la convicción de que el futuro del Pueblo Judío nos involucra a todos, vivamos donde vivamos.
Cuando hoy cierren las urnas en Israel, seguiremos el conteo desde lejos, sabiendo que lo que salga de ellas también nos alcanzará. Pertenecer a un mismo Pueblo significa que nuestras responsabilidades no terminan donde terminan nuestros derechos políticos.
Nota de edición: como hoy es 29 de octubre de 2026, conviene revisar “Hoy, 27 de octubre” antes de publicar. Lo mantuve sin cambios para respetar tu instrucción.
